Opinión

El anuncio oficial de Estados Unidos de que termina para ellos el esquema del Tratado y los próximos diez años procederán a su desmantelamiento no es otro que un modelo americano de lo que se podría llamar como EUEXIT, similar al Brexit de febrero de 2020 con el cual Inglaterra se salió de la Unión Europea.

La presidenta Sheinbaum Pardo y el secretario Marcelo Ebrard Casaubon deben tomar al toro por los cuernos y presentarse en un discurso a nivel nacional para anunciar que el Tratado con Estados Unidos y Canadá de 1973 ya murió y tendrá una larga agonía de diez años.

De nada sirve en términos políticos vender la expectativa de que todavía seguirá diez años, porque será un tiempo de angustia en tanto que Estados Unidos no regresará a las bondades originales que el acuerdo basados en aranceles bajos y no politizados; Trump va a apretarle las tuercas a México con aranceles por razones geopolíticas, de seguridad nacional y fronterizas durante tres años y con ello liquidará cualquier posibilidad de que el próximo presidente demócrata o republicano pueda desandar lo que ya se andó.

La versión oficial de la presidenta de la República y de su secretario de Economía de que todavía le quedan diez años al Tratado vale como meter la cabeza debajo de la tierra y sobre todo heredarle a la próxima administración mexicana que comenzará a configurarse con las elecciones legislativas del próximo año un pasivo acumulado de beneficios decrecientes.
A la actual administración gubernamental mexicana le corresponde reconocer que el Tratado ya murió y presentar las dos opciones únicas a la vista: esperar la generosidad de Trump para que los aranceles no sean tan destructivos y condenar al país a un promedio de crecimiento económico de 1%-1.5% para los próximos diez años, con los efectos negativos en empleo, calidad disminuida de la economía e incapacidad para crecer mínimo el 4% promedio anual que garantice la atención a los rezagos y al crecimiento anual de la población económicamente activa en busca de empleos formales.
La segunda opción siempre ha estado a la vista pero desdeñada por el gobierno de la 4T en modo de continuidad neoliberal del Tratado salinista: anunciar una gran reforma económica, política y gubernamental y convocar a toda la sociedad a construir un nuevo proyecto nacional de desarrollo que saque del país de la mediocridad de los próximos diez años y desde luego los que le siguen con una precaria posición en el furgón de cola de la locomotora económica norteamericana, aunque a costa desde luego de terminar con el gobierno asistencialista que usa presupuesto público para subsidios directos a la población marginada y no a la modernización de la planta productiva.
La decisión anunciada por Trump de mantener diez años el Tratado en los términos y necesidades de Estados Unidos y con el regreso a los aranceles cambia por completo el escenario económico y social de México. Decir que todavía le faltan diez largos años al Tratado no será sino una justificación de que ya le endilgará a la próxima administración 2030-2036 tener que cargar con los efectos negativos de la fase terminal del acuerdo.
La culpa y la responsabilidad, desde luego, no es directamente de la 4T, sino que el Tratado nació muerto para los beneficios de una nueva ola industrializadora cuando el presidente Salinas de Gortari y su secretario Jaime Serra Puche firmaron la aceptación de un Tratado sólo arancelario, aceleraron la desprotección arancelaria que tenía México para que llegaran productos estadounidenses directos y provocaran la primera fase y la más importante de desindustrialización de todo lo que había construido el país desde la expropiación petrolera de 1938 hasta el despilfarro del petróleo en 1977-1982.
La responsabilidad directa también fue de los presidentes De la Madrid Hurtado y Salinas de Gortari cuando el primero incorporó a México al GATT para iniciar el desmantelamiento arancelario proteccionista y luego para negociar un Tratado comercial que beneficiaba sólo a Estados Unidos y subordinaba a México a las necesidades de la industrialización estadounidense.
Y luego vino la segunda ola de reestructuración del aparato productivo mexicano con el Pacto por México PRI-PAN de Enrique Peña Nieto y ahí se entregaron áreas importantes de Pemex y la CFE para beneficio de la industria estadounidense. Y la gran revisión del Tratado en 2018 fue responsabilidad de Peña Nieto y López Obrador y sólo reconfirmó el esquema de subordinación firmado por Salinas de Gortari. La presidenta Sheinbaum se encontró con las manos atadas porque todo el presupuesto se destinó a subsidios regalados a la población marginada y a subsidiar el funcionamiento deficitario de los elefantes blancos del lopezobradorismo.
Y aquí nos encontramos ante el dilema de esperar los próximos diez años sin ningún proyecto real de modernización productiva o construir una opción de emergencia con un nuevo programa nacional de desarrollo con el detonador de la inversión pública, pero a condición de que el presupuesto se destine a la reconversión o creación de una planta productiva que recupere la desindustrialización de De la Madrid y Salinas de Gortari.
Al Gobierno de la presidenta Sheinbaum le llegó el tiempo histórico de una decisión que mantenga la mediocridad o que convoque a un gran salto industrializador.

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Política para dummies: la política es de los políticos, no de los burócratas con cargos públicos.
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